No es casualidad que los rezagos senderistas se hayan ubicado precisamente en las zonas donde el narcotráfico campea: el VRAE y el Alto Huallaga. De un lado, la creciente descomposición de SL a partir de la captura de Abimael Guzmán en 1992 y la imposibilidad de continuar con el proyecto ideológico, fundamentalista y terrorista original explica por qué los rezagos senderistas se han amoldado a la dinámica violentista que el narcotráfico genera. En resumen, la cosa queda así definida: Si se elimina a los rezagos, el narcotráfico continúa; pero si se elimina el narcotráfico, los rezagos no podrán subsistir. El problema principal a combatir es el narcotráfico.
El narcotráfico en nuestro país ya se ha convertido en una amenaza a la seguridad nacional. Esto solamente es posible porque la corrupción que favorece esta industria corroe a los campesinos “poceros”, las fuerzas de seguridad, a los jueces y fiscales, a las autoridades políticas desde el ámbito local hasta los más altos dignatarios de la nación.
Se estima en 70,000 personas (280,000 con sus familias) los campesinos subordinados a esta actividad. Se calcula en US$ 1,500 y US$ 2,000 millones los que ingresan por concepto de lavado de dinero. Aproximadamente se exportan 280 TM de cocaína. El valor de esta cocaína a precios FOB (por ejemplo en la frontera, en el aeropuerto internacional o en altamar de nuestras costas) es de US$ 4,000 por kilo, es decir son US$ 1,120 millones los que se quedan en nuestro país; el valor de la cocaína a precios de consumidor en el extranjero llega a 18mil-25mil millones de dólares.
El valor doméstico de las 100 mil TM de coca utilizada, a 3 dólares por kilo equivalen a US$ 300 millones que se distribuyen entre los productores y acopiadores. El valor de los insumos químicos es de aproximadamente US$ 60 millones. Y el valor de la mano de obra (desde el pocero hasta los que trabajan en los laboratorios para la elaboración de la cocaína, no los campesinos) se estima en US$ 23 millones. Así, los “clanes familiares” locales y las firmas nacionales al servicio del narcotráfico internacional se quedan con un ingreso bruto de US$ 737 millones. Para estimar el ingreso neto, habría que descontar el gasto en corrupción. ¿A cuánto asciende? Se estima que entre 15-30%. Es decir, entre US$ 110-220 millones. Es decir, aproximadamente los gastos del narcotráfico para corromper a las autoridades deben superar los 150 millones de dólares.
Entonces, el verdadero enemigo nos está rodeando, oculto, resquebrajando las instituciones y debilitando a la democracia. Se equivocan quienes creen que lo principal es apuntar a los productores de coca o los campesinos “poceros”- ahí nadie se hace rico ni goza de poder corruptor. Queda demostrado que, en esta área de la lucha, los proyectos de desarrollo alternativo que han mostrado ser exitosos como en la región San Martín muestran el camino a seguir. Se requiere un acuerdo con el movimiento cocalero, un nuevo empadronamiento y conseguir aislarlo del narcotráfico con propuestas económicas rentables. El rol del Estado en este sentido es fundamental. Un Estado débil y frágil favorece al narcotráfico y la corrupción.
