La Fiscalía Especializada de Ecuador abrió una investigación penal en la que involucra al presidente Alan García Pérez en el asesinato y desaparición, en 1988, del agregado militar de ese país, Enrique Duchicela Hernández, en virtud de una serie de testimonios que lo colocan como el principal sospecho de haber ordenado el crimen a agentes de inteligencia del Perú.
La acción de esa Fiscalía obedece al informe de la Comisión de la Verdad de Ecuador, en el que sindica a García como presunto responsable de dicho asesinato, perpetrado durante la última etapa de su primer gobierno. Los comisionados que suscriben el informe, que lleva como lema "Ni silencio ni impunidad", son Elsie Monge, Julio Trujillo, Luis Luna y Pedro Restrepo.
El magistrado del Ministerio Público ecuatoriano a cargo de la investigación es Fernando Guerrero, quien tiene el apoyo de las autoridades judiciales de ese país, donde a Duchicela, inclusive, lo han declarado como "militar que sirvió con su vida a la Nación". Además de la Comisión de la Verdad, su Defensoría del Pueblo también tiene información que implica a García.
Una las primeras acciones que tomará el magistrado Guerrero será solicitar la declaración del periodista peruano Ricardo Uceda, pues en su libro `Muerte en el Pentagonito' escribió el testimonio del agente de Inteligencia del Ejército, Jesús Sosa Saavedra, quien indica que fue él quien ultimó al espía ecuatoriano Duchicela por una orden expresa de Alan García, dada a través de sus jefes.
También procurará obtener la ratificación de la versión de Sosa a través de coordinaciones con autoridades del Ministerio Público del Perú. Asimismo, solicitará copia certificada de los testimonios de otros ex agentes que guarden relación con la desaparición del militar ecuatoriano, entre ellos, de Carlos Pichilingue Guevara, además de documentos de inteligencia de la época.
En Ecuador, Alan García no tiene inmunidad ni amparo legal para no ser investigado. Si el fiscal encuentra todos los elementos necesarios lo denunciará ante la justicia de su país, luego de lo cual, un juez podría pedir su extradición al Perú o a cualquier otro país donde se encuentre. En la justicia penal internacional hay varios antecedentes de este tipo, como el de Augusto Pinochet, extraditado de Inglaterra a España.
LOS ANTECEDENTES
Enrique Duchicela Hernández se desempeño desde el 17 de diciembre de 1986 como agregado aéreo en la Embajada de Ecuador en Perú. Como subordinado de ésta, en 1988, se hallaba realizando trabajos en el manejo de un informante del Ejército Peruano.
En el expediente de la Fiscalía ecuatoriana, según informaron magistrados peruanos que estuvieron recientemente en ese país, se considera relevante la información publicada por el periodista peruano Ricardo Uceda respecto a que el jefe de Inteligencia del Ejército, Oswaldo Hanke, había descubierto al agente Raúl Gamonal Yaranga vendiendo información clasificada a Marco Barrantes, teniente de reserva del Ejército, el cual, luego de ser detenido, dijo que el destinatario de esos informes era Duchicela Hernández.
Asimismo, la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea de Ecuador consigna que Uceda logró tener la declaración del agente peruano Jesús Sosa Saavedra, alias `Kerosene', quien señaló que el 25 de abril de 1988 se reunió con el coronel Hanke y el comandante Harry Rivera donde confesó: "Se me ordenó capturar y desaparecer al espía ecuatoriano, Enrique Duchicela, por orden expresa del presidente Alan García, orden que fue cumplida totalmente".
Además de esta hay otras versiones que indican que Sosa recibió la felicitación presidencial a través del entonces comandante general del Ejército, Artemio Palomino.
El mismo Uceda señala en su libro que fue el general Palomino quien informó de los resultados de la operación al ministro de Defensa, Enrique López, y al presidente Alan García.
El informe de la Comisión de la Verdad de Ecuador señala que el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Rafael García Velasco, no tomó las medidas frente a la desaparición de Duchicela, ni cumplió con su deber de realizar gestiones inmediatas para dar con su paradero.
Indica que, desde su desaparición, los sucesivos gobiernos ecuatorianos, pese a la insistencia de su familia, no presentaron ningún reclamo oficial ni formal requerimiento de investigación ante el gobierno de Perú u organismos internacionales. Ahora las cosas podrían ser diferentes.
