La parlamentaria Juana Huancahuari aseveró que al interior de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) existe la decisión política de postergar para el próximo gobierno la entrega de reparaciones económicas individuales a las víctimas de violencia política.
Una de las últimas gestiones realizadas por la congresista fue proponer la inclusión de una disposición complementaria en el dictamen de Ley de Presupuesto 2011, para que se precise que los 40 millones destinados a la implementación de las reparaciones, se distribuya en colectivas y económicas individuales.
Sin embargo, tanto en la Comisión de Presupuesto como en la PCM se prefirió evadir el tema y rechazar la propuesta. Se cuestiona que hasta el momento el Ejecutivo no haya mostrado interés en precisar, con documentos, esos recursos para cada reparación.
El próximo martes, el Pleno del Congreso empezará el debate de la Ley de Presupuesto 2011 y Huancahuari tendrá una última oportunidad para incorporar su propuesta.
Funcionario cuestionado
De otro lado, Huancahuari Páucar lamentó la actitud distractora de Jesús Aliaga, secretario técnico de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), creada para este tema, quien es el operador para dilatar y entorpecer la aplicación del programa de reparaciones económicas.
“Las organizaciones de afectados por la violencia ya conocen que con este personaje nunca se va a obtener nada concreto”.
Puso como ejemplo que fue la marcha nacional de afectados llevada a cabo en julio de este año la que obligó al gobierno a crear la Comisión Técnica Multisectorial, encargada de establecer los montos, procedimientos y modalidades de pago individual a las víctimas.
Asimismo, a la presión de la congresista para entrevistarse con el Primer Ministro, Aliaga Baldeón presentó un documento de emergencia para solicitar la creación de una meta específica presupuestal para reparaciones económicas, que no es más que un intento por hacer burocrático una decisión política.
La Comisión Técnica Multisectorial
Jesús Aliaga es también presidente de la Comisión Técnica Multisectorial, que deberá entregar su informe a mediados de enero del próximo año, y que ya adelantó opinión al cuestionar las propuestas técnicas para las indemnizaciones presentadas tanto por la Coordinadora Nacional de afectados como por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.Uno de los puntos críticos es también el impedimento del reglamento de la Ley de Reparaciones que dispone su otorgamiento solo cuando se haya cerrado el proceso de determinación e identificación de las víctimas. Al respecto, la CMAN todavía no ha informado la mecanismo de solución ofrece al respecto.
