Durante su participación en el debate de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2011, la parlamentaria por Ayacucho, Elizabeth León Minaya (BP), resaltó varios puntos importantes que la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional de la República, debería tomar en cuenta.
En primer lugar, informó que había solicitado al Presidente de la Comisión de Presupuesto se autorice al Ministerio de Educación incorporar a la Institución Educativa “Mariscal Cáceres” de Ayacucho, al Programa Nacional de Recuperaciones de las Instituciones Educativas Públicas Emblemáticas y Centenarias, por cumplir con todos los requisitos establecidos y que actualmente necesita con urgencia la reparación de la mayoría de sus pabellones que se encuentran en deterioro.
Como segundo punto, la parlamentaria pidió revisar la estrategia de intervención en el VRAE, que a su opinión, hasta el momento sólo ha tenido un saldo desfavorable, trayendo a su paso pérdidas humanas, que periódicamente se tienen que lamentar, “es necesario invertir a favor del desarrollo socioeconómico de las más de 370 mil familias que viven en estas regiones sumidas en extrema pobreza”, manifestó.
En tercer lugar, pidió tomar en cuenta las demandas laborales de los trabajadores de la Universidad Nacional de Huamanga y brindar los recursos financieros que la OEFA necesita para llevar a cabo su trabajo de fiscalización ambiental.
También, solicitó a la Comisión de Presupuesto, tomar en cuenta el pedido del Gobierno Regional de Ayacucho de incorporar un presupuesto destinado a la operación y mantenimiento del Proyecto Cachi. En cuanto, al sector agrario exigió revisar los presupuestos, ya que no se podría hablar de impulsar a este importante sector con un presupuesto de 253 millones de soles menos en relación con el presente año fiscal.
Por último, en cuanto al tema de Reparaciones Económicas Individuales a las Víctimas de la Violencia Política, ella pidió que los 20 millones de nuevos soles destinados para este propósito, sean específicamente detallados en cuanto a cómo y cuándo correspondería a las 80 mil víctimas registrados hasta ahora, a fin de iniciar con los pagos de esta deuda social que tiene el Estado, especialmente con las personas mayores de 70 años, que están muriendo sin recibir reparación alguna.
