La jefa del Programa de Descentralización y Buen Gobierno de la Defensoría del Pueblo, Mónica Callirgos, expresó su preocupación respecto de la decisión de incorporar a más de 600 gobiernos municipales, pertenecientes a las zonas más pobres del país, al plan de municipalización de la gestión educativa.
Dicha preocupación se basa en las dificultades advertidas tanto en el diseño y la implementación del proyecto en su etapa inicial como en la priorización de la transferencia de la gestión administrativa antes que la gestión pedagógica e institucional, la transferencia presupuestal insuficiente, así como en la falta de precisión en las funciones transferidas a las municipalidades.
Estas dificultades fueron advertidas en el Informe Defensorial Nº 148, “Primera Supervisión al Plan de Municipalización de la Gestión Educativa: aportes para su implementación”, que la Defensoría del Pueblo presentó en febrero del presente año.
Por ello, recomendó al Ministerio de Educación y a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) la realización de una evaluación integral del Plan de Municipalización en su etapa inicial -que involucra a 35 municipalidades- en lo concerniente a criterios técnicos y objetivos que permitan identificar sus avances y dificultades, a fin de superarlas antes de continuar la etapa de expansión. La Defensoría del Pueblo reiteró al Ministerio de Educación y a la Secretaría de Descentralización la necesidad de evaluar el Plan de Municipalización de la Gestión Educativa y superar las debilidades advertidas antes de involucrar a más municipalidades. De lo contrario, no será posible avanzar hacia el mejoramiento de la calidad de la Educación en beneficio de escolares.
Pase sin recursosHamer Villena, secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú, también se pronunció sobre este acelerado proceso de inclusión de más colegios a los gobiernos locales. “La incorporación de 606 municipalidades distritales del programa JUNTOS al Plan Piloto de Municipalización de la Gestión Educativa permite ver que el gobierno busca eludir su función de invertir en Educación, trasladando tal responsabilidad a los municipios, los cuales no cuentan con presupuesto suficiente para administrar las instituciones educativas”, señaló Villena.
Consideró que la medida se dio sin evaluar el monto presupuestal que requiere cada municipalidad para hacerse cargo de la Educación en su localidad. Advirtió que, de acuerdo al análisis del Sutep y otras organizaciones, el proceso de municipalización traerá como consecuencia inequidad y deserción escolar, así como la baja calidad educativa.
Según Villena, “las municipalidades, al no tener recursos para financiar los servicios básicos educativos, recurrirán al bolsillo los padres de familia, quienes al no poder financiar la Educación de sus hijos terminarán exigiendo al gobierno que reasuma su responsabilidad”. Sostuvo que en el Congreso Pedagógico, a realizarse el 5, 6 y 7 de noviembre en la Derrama Magisterial, se discutirá este y otros temas.
