EVALUACIÓN DEL GOBIERNO ES UNA ARMA POLÍTICA PARA DESPRESTIGIAR LA PROFESIÓN DOCENTE, REDUCIR DERECHOS Y FAVORECER SU DESFINANCIADA LEY 29062 QUE EXIGIMOS SU DEROGATORIA
¡La historia se repite! una vez más se comprueba que las pruebas aplicadas para el contrato y nombramiento docente durante el presente gobierno, se ha filtrado las claves y pruebas favoreciendo al clientelismo gubernamental y la corrupción enquistada en el MED tal como lo ha demostrado el SUTEP desde el 2007, pasando por la del 2009 en donde se demostró ante el Fiscal Jorge Lazo Zea, del Callao, que la prueba aplicada era la misma que estuvo días antes vendiéndose al mejor postor.
El Ministro de Educación, ante el evidente escándalo por la filtración de la prueba para el nombramiento a aplicarse este domingo 13 de febrero, la ha suspendido para el domingo 27 y ensaya un argumento inverosímil, acusando a 3 postulantes por esta sustracción, olvidando que esta responsabilidad está en manos de sus cercanos, fieles e incondicionales funcionarios; en la entidad que elabora la prueba y aquella que aplica la misma (INEI) quienes son los presuntos culpables por este escándalo y a los cuales el Ministro Antonio Chang Escobedo protege; quedando demostrado la nula transparencia y credibilidad de un Ministro que está incapacitado moralmente para dirigir la Educación en nuestro país y que debe deponer su cargo o renunciar.
Por donde se husmee, huele la podredumbre gubernamental de una gestión ministerial en el sector educación que es un laboratorio de aplicación de los más vergonzantes ensayos que han favorecido la mercantilización de la educación, la anulación de los derechos a los trabajadores docentes y los jugosos contratos sin licitación. Por ello el SUTEP exige que la evaluación sea permanente e integral y en donde la prueba para nombramiento y contrato sea un requisito más y no prerrequisito para evaluar otros aspectos; deba ser aplicada por otra entidad independiente y supervisada por la Contraloría, defensoría del Pueblo, la fiscalía, ministerio público, transparencia y la Comisión de Educación del Congreso de la República.
