Los efectivos policiales que dejen de laborar bajo el sistema “uno por uno” percibirán una asignación de 1,080 soles, según lo señala un Decreto de Urgencia que oficializa la suspensión de ese régimen de trabajo de la Policía Nacional.
La norma, publicada hoy en el diario oficial El Peruano es una de las medidas extraordinaria dictada por el gobierno para fortalecer la seguridad ciudadana, desplazando un mayor número de elementos policiales a las calles.
Detalla que los policías incursos en la medida serán los que prestan servicio en los departamentos de La Libertad, Lambayeque y Piura, así como en la Provincia Constitucional del Callao y en el distrito limeño de Comas.
Estos policías trabajarán bajo el sistema “retén-servicio-franco”, es decir 48 horas de labor por 24 horas de descanso, día en el que no podrán prestar los “Servicios Extraordinarios Complementarios” a la función policial, es decir que no podrán trabajar para entidades privadas como bancos, como lo faculta la Ley 27238, Ley Orgánica de la Policía Nacional del Perú.
La asignación especial que recibirán estos efectivos policiales es aplicable desde mañana 15 de agosto y hasta el 31 de marzo del próximo año.
Su carácter no es remunerativo, compensatorio ni pensionable y no estará sujeta a cargas sociales, según señala el decreto de urgencia.
Agrega que esta asignación “no constituye base de cálculo para el reajuste de las bonificaciones que establece el Decreto Supremo N°051-91-PCM, para la Compensación por Tiempo de Servicios o cualquier otro tipo de bonificaciones, asignaciones o entregas”.
Esta asignación no comprende al personal de la Sanidad ni de la Dirección de Bienestar de la Policía Nacional.
Asimismo, el decreto dispone que en el primer trimestre del año 2010, el Ministerio de Economía y Finanzas realice una evaluación de los resultados obtenidos de la implementación de la medida hasta el 31 de diciembre de este año.
Señala que “los resultados y las recomendaciones de la evaluados servirán para analizar su extensión y continuidad de manera progresiva a nivel nacional”.
El decreto de urgencia señala en sus considerandos que en las jurisdicciones donde regirá la medida se ha registrado un incremento de la comisión de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud y el patrimonio.
Indica que el incremento de la delincuencia ha estado acompañado de un mayor grado de violencia empleada en la ejecución de los actos delictivos “generando con ello un aumento en la percepción de inseguridad en la ciudadanía”.
Por esa razón, expresa, es necesario contar con un mayor número de efectivos policiales que hagan posible contrarrestar la delincuencia y el incremento de la violencia criminal, en aquellos lugares determinados como los de mayor incidencia delictiva.