El propósito –según Lerner– es lograr que los agricultores dejen esos sembríos –materia prima utilizada para la elaboración de pasta básica y clorhidrato de cocaína– para que se dediquen al cultivo de café, cacao, algodón o maíz.
“La idea es hacer un plan para ser aplicado en 1.000 o 1.500 hectáreas del VRAE”, dijo Lerner, tras precisar que el Gobierno tiene un presupuesto de S/.15 millones para ser usado en la erradicación de cultivos de coca en lo que resta del año.
Sin embargo, el jefe de Gabinete aseguró que el plan por ejecutar “no será para reprimir” a los campesinos que cultivan coca. “Es un plan para llevarles derechos sociales a ellos, para que se sientan que son ciudadanos y que tienen derecho a desarrollarse en el país”, anotó.
El primer ministro precisó que el enfoque que se dará a la lucha contra el narcotráfico incluirá combatir el ingreso de insumos químicos utilizados para la elaboración de la cocaína, mejorar los sistemas de inteligencia policial para evitar el traslado de droga por vía marítima y ejecutar una lucha frontal contra el lavado de activos.
LA VISIÓN DE ANTEZANA
Para el experto en temas de narcotráfico Jaime Antezana, lo dicho por Lerner implicaría más de un problema para el Estado.
“Al anunciar este nuevo enfoque de subsidios y de incidir más en el control de insumos químicos, la inteligencia y el lavado de activos, lo que [Lerner] nos está diciendo es que no habrá erradicación forzosa de los cultivos de hojas de coca”, criticó Antezana.
“En ningún momento habla de erradicación, solo de reducción, y eso sí preocupa”.
Sostuvo, además, que lo planteado por el primer ministro se aproxima mucho a lo que ha sostenido Ricardo Soberón, presidente de Devida, en diversas oportunidades al oponerse a la erradicación de cultivos.
“El Gobierno se equivoca al creer que tiene certeza en que el control de insumos será suficiente. Hoy en día los narcotraficantes utilizan los ríos para movilizarse”, refirió.
EL ESTADO COMPRADOR
Pero lo más preocupante, explicó Antezana, son los subsidios que se anuncian, pues el Estado pasará a convertirse en comprador de hojas de coca. “Y esto lo obligará a competir con el contrabando y el narcotráfico”.
El experto argumentó que mientras el contrabando paga hasta S/.90 por una arroba de hoja de coca y el narcotráfico S/.100 por la misma cantidad, el Estado, a través de Enaco, solo paga S/.60.
“¿Qué precio va a pagar el Estado, entonces? Es fácil ver lo que elegirá un cocalero [...] El Estado no solo se convertirá en un comprador, sino que además estará alentando la siembra de coca”, advirtió Antezana.
MÁS DATOS
Superficie cocalera
Según Naciones Unidas, el área de cultivos de coca en el Perú creció en el 2010 por quinto año consecutivo y llegó a 61.200 hectáreas, por encima de las 59.900 hectáreas en el 2009. Se calcula que más del 90% de coca producida en el país va al narcotráfico.
¿Inclusión social?
El ministro de la Producción, Kurt Burneo, afirmó ayer, en respaldo a lo dicho por Lerner, que una verdadera inclusión social implica trabajar alternativas productivas con los campesinos cocaleros, para insertarlos en el mercado formal y alejarlos del narcotráfico.
La visión de Soberón
El presidente de Devida, Ricardo Soberón, dijo ayer que su institución trabaja para convertir al valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE) en un polo de desarrollo capaz de exportar productos de primera calidad al mundo.
