sábado, junio 30, 2012

Vraem puede convertirse en un "polo de desarrollo" para el país

El valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro puede convertirse en el próximo polo productivo del país con la aplicación del Plan Vraem, que incluye inversiones por 1,785 millones de soles solo en 2012, dijo el titular de la Comisión de Defensa del Congreso, Tomás Zamudio.
Agregó que los componentes sobre todo sociales contemplados en la nueva estrategia presentada por el presidente del Consejo de Ministros, Óscar Valdés, revelan la voluntad política del Estado de impulsar al Vraem, donde hay rezagos narcoterroristas, como una zona de desarrollo.
“La política de inclusión social del presidente Ollanta Humala ha dirigido ahora su mira un sector postergado por años. El Vraem está llamado a ser el nuevo polo productivo y de desarrollo económico que el país necesita”, afirmó.
Según explicó, esta zona de la selva central peruana donde se concentran los mayores cultivos ilegales de hoja de coca, tiene las condiciones necesarios para la producción de productos agrícolas y pecuarios, de tal forma que la población se aboque a actividades productivas y abandone el cultivo ilícito de la hoja de coca.
Refirió que el Plan Vraem dirige esfuerzos para que el modelo San Martín, que permitió la sustitución exitosa de la hoja de coca por cultivos alternativos, se replique en la zona limítrofe de las regiones Cusco, Ayacucho, Junín, Apurímac y Huancavelica.
“Desde la Comisión de Defensa, haremos un monitoreo de ese nuevo plan. Y lo hacemos con el mero propósito de mantener un trabajo coordinado y constante entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República”, adelantó.
El parlamentario Zamudio sostuvo que en el trabajo de recuperar el Vraem, todas las instancias del Estado, los partidos políticos y la sociedad civil en su conjunto, deben sumar esfuerzos para combatir el narcoterrorismo y los remanentes de grupos terroristas.
“Mientras nos mantengamos unidos, hay mayores posibilidades de éxito. El Congreso puede apoyar con leyes para una mejor administración pública, el Ejecutivo con la aplicación de medidas de inclusión y los gobiernos locales con apoyo político”, anotó.